La exsecretaria de Trata de la provincia de Córdoba, María Amelia Chiofalo, se refirió a la clausura del bar Wachitas de Nueva Córdoba y a la investigación por presunta explotación sexual. En ese marco, aseguró que hubo fallas en los mecanismos de control y remarcó la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir la trata de personas y la explotación sexual.

En una entrevista realizada por Punto a Punto Radio, Chiofalo analizó la situación a partir de su experiencia al frente del área de Trata de la provincia y sostuvo que este tipo de casos requieren una mirada integral. “Lo importante es que no hay que dejar de aplicar las leyes, los instrumentos legales y las estructuras normativas que hacen a la prevención. Yo coincido totalmente, ¿qué falló? Fallaron los controles y sí, es una realidad”, afirmó.

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La exfuncionaria explicó que la situación vuelve a poner en discusión la problemática de la explotación sexual y la necesidad de trabajar en prevención. “Esta es la realidad de lo que es la prostitución, de lo que es la explotación sexual y el tema de que es necesario avanzar, no solamente en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional, en lo que son las políticas públicas de prevención de la trata de personas”, expresó.

Además, recordó la medida impulsada durante la gestión de José Manuel de la Sota, que estableció el cierre de prostíbulos y whiskerías en la provincia. “Cambió en que se dejó de naturalizar los sitios de explotación sexual a cielo abierto que existían no solamente en la provincia de Córdoba, sino en todo el país”, sostuvo.

Explotación sexual y Estado

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en la penalización del cliente prostituyente y señaló que la explotación sexual debe ser abordada como una problemática de derechos humanos. “La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y niñas extrema, y que todo esto pasa por una cuestión central. Hay que continuamente trabajar en la prevención y en la aplicación de las normativas vigentes”, manifestó.

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Consultada sobre la posible existencia de redes y complicidades vinculadas a estos delitos, Chiofalo aseguró que es necesario fortalecer los controles. “Por eso hay que avanzar. En su momento, yo había presentado en la legislatura provincial un proyecto para la penalización del cliente prostituyente y también en relación a sanciones específicas para cualquier funcionario público que fuera cliente prostituyente”, explicó.

Sobre la responsabilidad del Estado, sostuvo que deben aplicarse las herramientas legales existentes. “Hay que aplicar la normativa provincial, nacional e internacional en la materia. Ese es un punto central”, afirmó, y agregó que también es necesario impulsar políticas públicas a nivel nacional para combatir la trata de personas.